LAS PROVINCIAS –
Por ELISA NÚÑEZ SÁNCHEZ, exconsellera de Justicia e Interior
El núcleo del problema reside en la situación de la Policía Nacional Adscrita a la Generalitat Valenciana
La seguridad en la Comunitat Valenciana constituye una preocupación ciudadana creciente, evidenciando un déficit estructural que el Gobierno de España no ha abordado con la seriedad requerida. A diferencia de comunidades como Cataluña, Navarra o País Vasco, que cuentan con policías autonómicas consolidadas, la Comunitat Valenciana enfrenta una situación de vulnerabilidad institucionalizada, donde las competencias compartidas se convierten en un campo de negligencia por parte del ejecutivo central. Esta desatención no solo refleja una falta de voluntad política, sino que compromete áreas críticas de protección ciudadana, ambiental y patrimonial.
El núcleo del problema reside en la situación de la Policía Nacional Adscrita a la Generalitat, un cuerpo especializado cuyas capacidades están siendo mermadas por la inacción del Ministerio del Interior. Dos factores resultan particularmente alarmantes: el convenio de colaboración entre la Generalitat y el Ministerio lleva años sin renovarse, a la par que existe un déficit de más de 130 efectivos que el Gobierno de Sánchez se comprometió a dotar y que nunca ha materializado. Estas carencias no son meras cifras burocráticas, sino que se traducen en una merma tangible de la capacidad de proteger bienes esenciales para la Comunidad.
La trascendencia de estas ausencias se comprende al examinar las competencias especializadas que este cuerpo despliega, pues actúa en ámbitos donde su intervención es insustituible:
En la Protección del Medio Ambiente, su actuación resulta crucial para un territorio tan vulnerable como el valenciano. No solo realizan labores preventivas de vigilancia en zonas forestales -esenciales para la prevención de incendios-sino que investigan técnicamente su origen, identifican a los responsables y combaten delitos ecológicos de mayor complejidad, como vertidos tóxicos, explotaciones ilegales o el deterioro de espacios naturales protegidos. La escasez de agentes implica menos inspecciones, menor capacidad disuasoria y una investigación ambiental debilitada, lo que en última instancia facilita la degradación de nuestro patrimonio natural.
En la Protección de colectivos vulnerables, los grupos especializados en menores y violencia sobre la mujer ofrecen una atención específica y continua. Su trabajo incluye desde la detección de situaciones de riesgo y el acompañamiento a víctimas, hasta la colaboración con los servicios sociales y los juzgados. Una dotación insuficiente repercute en un seguimiento menos exhaustivo de los casos, mayor desprotección y, en definitiva, en una vulneración del derecho a una vida libre de violencia.
En la Salvaguarda del Patrimonio Cultural, actúan frente al expolio arqueológico, el tráfico ilegal de obras de arte y la protección de los Bienes de Interés Cultural. Su labor investigadora y de custodia preserva la identidad colectiva valenciana frente a amenazas que a menudo trascienden el ámbito autonómico.
En Seguridad Ciudadana Cotidiana, su papel es igualmente fundamental: controlan espectáculos públicos y locales de juego para prevenir ilegalidades y proteger a los menores, gestionan dispositivos en eventos masivos como fiestas populares, y constituyen el enlace operativo a través de la Sala 112. La saturación de los efectivos actuales obliga a priorizar servicios, dejando áreas desatendidas y reduciendo la calidad de la respuesta.
En Emergencias y Catástrofes, constituyen la primera línea de respuesta ante incendios o accidentes de gran magnitud. Su labor incluye la coordinación de evacuaciones, el rescate de personas y el apoyo a los servicios de emergencia. La falta de personal compromete directamente la eficacia de estos dispositivos, poniendo en riesgo vidas humanas en situaciones donde cada minuto cuenta.
A esta situación se suma la incomprensible pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez ante la necesidad de implementar sistemas de vigilancia costera avanzada, como el SIVE, o integrar a la Comunitat en los dispositivos europeos de control fronterizo (FRONTEX). Olvidos conscientes que privan a nuestro litoral de herramientas tecnológicas esenciales para combatir el tráfico ilegal de personas y drogas, y para realizar labores de rescate marítimo.
La conclusión es ineludible. Existe un fallo sistémico del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de seguridad para con la Comunitat Valenciana. No se trata solo de una insuficiencia genérica de efectivos estatales, sino de una estrategia de desmantelamiento por omisión hacia la Policía Nacional Adscrita a la Generalitat. Negarle el marco estable de un convenio renovado e incumplir sus compromisos de dotación, está desarbolando deliberadamente un cuerpo policial altamente especializado, cuyas competencias son vitales para el bienestar y la seguridad integral de los valencianos.
Esta forma de hacer política tiene un coste directo: menos protección para nuestros montes, para nuestras víctimas de violencia, para nuestro patrimonio y para nuestra ciudadanía en situaciones de emergencia. La seguridad no es una competencia abstracta, sino un derecho constitucional que se garantiza con recursos y compromiso. El Gobierno de Sánchez, con su inacción, está conculcando este derecho para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Exigir que cumpla con sus obligaciones no es una reivindicación política, sino una demanda de justicia y de protección básica para todos.
