LAS PROVINCIAS–
Por ELISA NÚÑEZ SÁNCHEZ, exconsellera de Justicia e Interior
Envenena el debate público en momentos de dolor tras el 29-O; pues acusar al Consell de eliminar una unidad que nunca funcionó es manipular la realidad.
La política valenciana ha sido un campo fértil para la siembra de mitos y la cosecha de bulos. Ninguno quizás, tan dañino y cínico, como el que rodea a la llamada Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) recordada recientemente en un comunicado por el diputado Toni Gaspar, en el que afirma que el Consell procedió «al desmantelamiento del sistema de emergencias» (LAS PROVINCIAS; 27/12/25). Habrá que recordarle que la UVE nunca existió más allá del papel del DOGV.
Su creación, bajo el gobierno de Ximo Puig y el pacto del Botànic, fue un ejercicio de propaganda electoral y una cortina de humo para ocultar la desastrosa gestión de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE) bajo su mandato, y sobre la que, irónicamente, se pretendía edificar la Unidad.
Efectivamente, la UVE fue creada por Decreto en febrero de 2023; estableciendo tres objetivos loables: respuesta rápida en todo el territorio, capacidad de esfuerzo sostenido y colaboración interadministrativa. Diseñaba una estructura, una cadena de mando, fases de implementación e incluso una imagen corporativa. Pero toda esa arquitectura legal descansaba sobre unos cimientos movedizos: el artículo 13 del propio Decreto entregaba los medios materiales y las infraestructuras clave a la SGISE. Por ello, desde su concepción, la UVE era un cascarón vacío cuya operatividad dependía de una empresa pública sometida a grandes deficiencias.
Y es aquí donde la mentira alcanza su dimensión más grotesca. Mientras el DOGV publicaba el Decreto, los informes de la Intervención General y de la Sindicatura de Cuentas anticipadamente alertaban de irregularidades en la gestión de la SGISE. Los propios servicios de bomberos profesionales (SPEIS) denunciaron que la puesta en marcha de la UVE generaba una peligrosa duplicidad de funciones con los consorcios provinciales existentes, sin justificación técnica alguna y respondiendo solo «a un capricho del Gobierno Autónomo de montar y vender humo». ¿Cómo se puede crear una unidad de emergencias de alto rendimiento apoyándose en una empresa bajo auditoría forense y rechazada por los propios cuerpos de bomberos de las tres provincias?
La respuesta la dio el tiempo y la rotunda admisión del propio Ximo Puig en noviembre de 2024: la UVE «era un proyecto que se encontraba presupuestado», pero «no estaba operativa». Esta confesión, hecha a toro pasado tras la catastrófica dana, desvela el engaño. El mito se construyó con papel oficial y ruedas de prensa, no con medios reales y operativos sobre el terreno.
La gran pregunta que queda flotando en el aire es; ¿por qué aprobar con solemnidad un Decreto que no se podía implementar? El calendario ofrece una pista crucial: se firmó diez semanas antes del inicio oficial de la campaña electoral de mayo de 2023, el mismo mes en que Ximo Puig disolvió las Cortes. La UVE nació, así, como un producto de campaña, un eslogan legislativo diseñado para proyectar una imagen de gobierno previsor y fuerte en emergencias; un campo siempre sensible para la ciudadanía. Era la materialización de una promesa hecha en 2020, pero vaciada de contenido real porque el vehículo elegido para sustentarla, la SGISE, era un coloso con pies de barro.
El daño de esta ficción es doble. Envenena el debate público en momentos de dolor tras el 29-O; pues acusar al Consell de eliminar una unidad que nunca funcionó es manipular la realidad para buscar un culpable político donde hubo, sobre todo, una irresponsabilidad previa de quien prometió lo que no podía cumplir. Además, desvía la atención de los auténticos problemas de gestión; el foco debería estar en las presuntas irregularidades de la SGISE, y en cómo se permitió que un proyecto de tal envergadura dependiera de una estructura tan cuestionada, motivando en septiembre de 2023, el cese de sus directivos y una auditoría forense. La discusión sobre la UVE es una cortina opaca que impide analizar con crudeza los fallos en la gestión del Botanic.
La lección que deja el mito de la Unidad Valenciana de Emergencias es aleccionadora para la democracia. Muestra cómo el Consell del Botanic utilizó el aparato legislativo y la comunicación para construir una realidad virtual y confundir a la ciudadanía: un Decreto hecho con prisas no es sinónimo de una realidad operativa. Los hechos -la falta de medios previstos, la oposición frontal de los profesionales, la inviabilidad de la SGISE- terminaron por imponerse al relato.
Desmontar este bulo no es una cuestión partidista, sino de respeto a los contribuyentes valencianos y a los servicios de emergencia de las Diputaciones y del Consell -Servicio 112, Consorcios Provinciales de Bomberos, Bomberos Forestales – que sí existen y trabajan en primera línea. Requiere que exijamos cómo ciudadanos, que las promesas de quienes gobiernan se midan por sus resultados tangibles, no por la tinta gastada en el DOGV.
