Catarroja, ¿una cita equivocada?

La declaración de Alberto Núñez Feijóo en calidad de testigo ante la juez de Catarroja, por los mensajes intercambiados con el presidente de la Generalitat Valenciana los días 29 y 30 de octubre de 2024, es un acto procesal legítimo que a su vez reactiva una pregunta incómoda y esencial; ¿dónde debe residir el centro de gravedad de una investigación que busca esclarecer responsabilidades en una catástrofe de índole nacional? La respuesta, en una democracia madura, debería ser inequívoca: en quienes tenían el poder legal y los instrumentos para decidir y actuar. Y ese poder, en el nivel máximo, no residía en la oposición.

Feijóo ejerce, constitucionalmente, la fundamental labor de jefe de la oposición y de alternativa real de gobierno. Su función es el control, la propuesta, la alerta. Es un actor indispensable para el equilibrio democrático, pero carece por completo de capacidad ejecutiva o de mando sobre los recursos del Estado en medio de una emergencia. Sus mensajes, sus gestiones, pueden ser objeto de interés contextual, pero no pueden —no deben— convertirse en el eje de un proceso que pretende juzgar la eficacia de la respuesta a una tragedia. Que la figura de quien sólo podía alertar ocupe portadas, mientras la sombra de quienes tenían la obligación suprema de actuar permanece en zona de penumbra, es un riesgo grave.

Porque el reparto de competencias es claro. Es necesario que la Justicia examine la gestión de la Generalitat Valenciana; pues las comunidades autónomas tienen atribuida la gestión inicial de las emergencias en su territorio. Su diligencia, sus protocolos, sus solicitudes de ayuda son, con toda lógica, un ámbito de escrutinio legítimo. Este proceso es propio de un Estado de Derecho. Pero ese necesario examen sobre la gestión periférica no puede actuar como cortina que oculte una responsabilidad central, radicalmente distinta en naturaleza y en alcance.

La ley estatal es explícita. La declaración de una Emergencia de Interés Nacional (el ya más que conocido nivel 3), el dispositivo máximo que moviliza de forma inmediata y coordinada todos los recursos del Estado —con las Fuerzas Armadas en papel prominente—, es una potestad exclusiva y excluyente del Gobierno de España. No es una opción política discrecional; es una obligación jurídicamente regulada, diseñada para activarse cuando la gravedad objetiva de los hechos, máxime si afecta a varias autonomías, así lo exige. La comunidad autónoma la puede pedir, pero solo el Gobierno central puede conceder y, lo que es más crucial, puede y debe activar de oficio toda la maquinaria estatal cuando la situación lo demanda.

La pregunta que late en el fondo es directa: ante una catástrofe de dimensiones históricas, ¿quién tenía en sus manos el botón para movilizar sin restricciones todos los medios disponibles? La respuesta institucional solo señala un lugar: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su ministro del Interior, Fernando G. Marlaska. Ellos eran los titulares últimos del deber de protección; y ninguno de los dos por el momento, están citados a declarar en Catarroja.

Y es aquí donde el contraste entre el proceso judicial en marcha y la opacidad que rodea la acción del Gobierno se vuelve profundamente desazonador. Mientras se examina con la meticulosidad exigida la conducta autonómica, han emergido informaciones consistentes sobre el funcionamiento del Comité de Crisis del Gobierno. Informaciones que apuntan no a un simple error, sino a lo que presuntamente parece una omisión deliberada de los procedimientos; entre otros la ausencia en aquella reunión decisiva de la máxima autoridad militar operativa, clave para desplegar la respuesta más contundente; o la elusión de la solicitud de informes técnicos preceptivos, base factual y jurídica necesaria para declarar formalmente la emergencia nacional.

Esto configura la sospecha de una estrategia: la de no querer dotarse del conocimiento formal que obligaría a actuar con la máxima contundencia. Se habría vaciado el procedimiento de su esencia para evitar la decisión que el protocolo exige. La cuestión ya no es solo si se actuó bien o mal, sino si se siguió o no un proceso intencionadamente mutilado para eludir la responsabilidad que la ley impone; lo que agravaría, en su caso, la responsabilidad del Gobierno de España.

Ante esta gravísima sospecha que afecta al núcleo del poder ejecutivo, la respuesta institucional es de una pasmosa languidez. No existe un proceso específico, con la misma determinación y visibilidad, que esté investigando las decisiones y omisiones llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez. La rendición de cuentas opera a dos velocidades: una, ágil y penetrante, hacia la periferia; otra, glacial y evasiva, hacia el centro. Esta dualidad envía un mensaje corrosivo: sugiere que hay responsabilidades que se judicializan y responsabilidades que se diluyen en la impunidad política.

La declaración de Feijóo acaba siendo un episodio que debería servir para reenfocar el debate, especialmente el político, y no para desviarlo. Para que la Justicia sea creíble y la democracia cumpla con su promesa de igualdad ante la ley, es imperativo corregir este desenfoque. La ciudadanía merecemos respuestas completas. Necesitamos saber, de manera clara y procedimentalmente garantista, por qué, teniendo el marco legal y los instrumentos para una respuesta contundente, el Gobierno de Sánchez eligió no utilizarlos plenamente.

Y esas explicaciones no pueden surgir del examen de quien solo podía alertar, manifestar su preocupación y estar pendiente de la situación que vivían los valencianos. Aprender de la tragedia y reconstruir la confianza exige que el foco, con la misma intensidad, se dirija por fin hacia el vértice donde residía la obligación última de proteger. Esa es la deuda del Gobierno de España. La deuda de Pedro Sánchez con los valencianos.