ENTREVISTA
Elisa Núñez analiza la situación política, reflexiona sobre su experiencia en la gestión pública y los principales retos de España y la Comunidad Valenciana, con especial atención a la inmigración, la financiación autonómica y el funcionamiento de las administraciones.
Fotos: Mar Navarro.
¿Qué cree que puede aportar a la sociedad desde la política?
Mi principal preocupación siempre ha sido el servicio público. Trabajar para que las personas puedan tener una vida digna de ser vivida, una vida en libertad y en igualdad, en la que cada uno pueda desarrollar su propio proyecto vital.
Cuento con una formación académica específica, con una trayectoria profesional como abogada y con una experiencia de gobierno en la Generalitat Valenciana durante un año. Todo ello me permite tener una visión bastante completa tanto desde el ámbito jurídico como desde la gestión pública.
En este momento, como servidora pública, creo que debo aportar aquello en lo que me he especializado, que es fundamentalmente en políticas migratorias y en la integración de personas inmigrantes y extranjeras. Siempre desde un enfoque que tenga en cuenta no solo los derechos, sino también las obligaciones.
“La política debe ser una etapa de servicio, no una forma de vida”
¿Qué significó para usted, en lo político y en lo personal, su experiencia como consellera de Justicia e Interior?
Fue, en primer lugar, una oportunidad de conocer de primera mano la realidad que viven las personas de esta Comunitat. Poder acercarme a sus necesidades, a sus problemas, y tratar de encontrar soluciones.
No soy una política de despacho. Me considero una política de calle. Me gusta hablar con la gente, escucharla, que me cuenten qué les preocupa y qué necesitan. Esa cercanía es fundamental para poder hacer una buena gestión.
Además, esa experiencia reflejó muy bien aquello en lo que creo profundamente: que no hay mayor privilegio que poner tus capacidades al servicio de los demás y contribuir, en la medida de lo posible, a mejorar sus vidas. Esa es, sin duda, la parte más valiosa de mi paso por la gestión pública.
En materia migratoria, ¿cuáles son hoy los grandes retos que tienen España y la Unión Europea?
El principal reto al que nos enfrentamos, tanto en España como en la Unión Europea, es el invierno demográfico. Si miramos a medio y largo plazo, con los actuales niveles de natalidad y el envejecimiento de la población, será muy difícil sostener el Estado de Bienestar.
Por tanto, la inmigración debe entenderse también desde esa perspectiva: como una necesidad estructural. Pero debe abordarse siempre dentro de un marco de legalidad que garantice una verdadera cohesión social.
“La inmigración debe vincularse al empleo y a un verdadero contrato de integración”
La regularización de personas inmigrantes no puede ni debe ser un cheque en blanco, no puede ser una amnistía; debe ser el resultado de una política migratoria eficaz que, desde mi punto de vista, debería estructurarse sobre varios ejes fundamentales.
Cualquier proceso de regularización debe estar vinculado al mercado laboral, es decir, debe responder a las necesidades laborales que existen en determinados sectores productivos.
Esa regularización debe ir acompañada de un contrato de integración, que incluya un compromiso de permanencia laboral. Es decir, no solo se trata de regularizar, sino de integrar de forma efectiva.
También considero imprescindible reforzar los criterios de seguridad. Actualmente se revisan los antecedentes penales, pero hay que tener en cuenta que la justicia en España es lenta y que muchos procedimientos tardan entre cinco y siete años en resolverse. Por eso, quizás sería necesario analizar también los antecedentes policiales en determinados casos.
Otro eje importante es la distribución territorial equitativa. Hemos visto recientemente cómo se han adoptado decisiones sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados sin contar con las comunidades autónomas. Esa distribución debe ser equilibrada y, además, debe ir acompañada de un fondo de compensación que permita atender adecuadamente a estas personas.
También es fundamental desarrollar una política de integración entendida como un proceso bidireccional, en el que no solo se implica la persona que llega, sino también a la sociedad de acogida. En ese sentido, el diálogo interreligioso puede ser un elemento muy positivo como factor de integración. Ya existen experiencias en la Comunitat Valenciana, allá por 2009, que han demostrado su eficacia.
Y, por último, es importante abordar la reagrupación familiar, pero desde un enfoque responsable y con criterios claros.
“La Comunitat Valenciana no puede sostener sus servicios con un sistema de financiación de 2009”
¿Cuáles cree que son hoy los principales retos institucionales de España?
El principal reto institucional en España pasa por un cambio de gobierno. La situación actual, con varios años sin presupuestos y con un nivel de gasto elevado, está generando problemas importantes.
Además, estamos viendo cómo la política internacional de España se está condicionando por intereses internos, lo que está afectando a nuestra posición tanto en la Unión Europea como en la OTAN.
“España necesita soluciones estructurales en inmigración, financiación y gestión pública”
¿Cuáles son los principales retos de la Comunidad Valenciana y qué debería exigirse al Gobierno central?
Uno de los principales retos es, sin duda, la financiación autonómica. El sistema actual está basado en datos de población de 2009, cuando en la actualidad la Comunitat Valenciana cuenta con aproximadamente un millón y medio más de habitantes. Esto hace que no podamos atender adecuadamente los servicios públicos.
Por tanto, es imprescindible una reforma del sistema de financiación que tenga en cuenta la realidad actual.
Además, es necesario contar con presupuestos. Sin presupuestos, es muy difícil desarrollar políticas públicas eficaces y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
Otro eje clave son las infraestructuras. El corredor mediterráneo es fundamental para el desarrollo económico, pero también lo son las infraestructuras hidráulicas, especialmente tras episodios como la DANA.
En este sentido, también considero imprescindible alcanzar un pacto de Estado por el agua, que permita dar respuesta a las necesidades de agricultores y ciudadanos.
Por último, la vivienda es otro de los grandes retos que deben abordarse con políticas públicas eficaces.
“La regularización de personas inmigrantes no puede ni debe ser una amnistía ni un cheque en blanco; debe ser el resultado de una política migratoria eficaz”
¿Qué cambios serían necesarios para que las administraciones funcionen mejor?
Hay dos aspectos fundamentales. Por un lado, la coordinación entre administraciones. Muchas veces cada administración actúa de forma aislada, y eso genera ineficiencias.
Por otro lado, la agilidad. Las administraciones deben ser herramientas eficaces para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. Cuando no lo son, dejan de cumplir su función.
“Creo en una forma de hacer política útil, centrada en aportar soluciones y en mejorar la vida de los ciudadanos”
