La demagogia de Sánchez humilla a la Justicia

En un Estado de Derecho, la independencia judicial no es una opción, sino un pilar fundamental sobre el que se asienta la confianza ciudadana en las instituciones. Es la garante de la igualdad ante la ley, la salvaguarda de los derechos y libertades constitucionales, y el contrapeso necesario frente a los poderes ejecutivo y legislativo.

Por ello, las declaraciones de Pedro Sánchez en su entrevista del pasado 1 de septiembre en RTVE, a tres días de la apertura del año judicial, sugiriendo que “hay jueces que hacen política y políticos que hacen justicia”, no solo son desafortunadas, sino profundamente preocupantes. Esta afirmación, vertida en un momento de alta tensión política y social, corre el riesgo de erosionar la percepción pública de la imparcialidad del poder judicial y de debilitar los cimientos de nuestra democracia.

La tentación de atribuir motivaciones políticas a las decisiones judiciales que no se alinean con la agenda del gobierno es ya recurrente. Sin embargo, es deber de quienes ostentan las más altas responsabilidades políticas resistir esa tentación y, en su lugar, defender y proteger la independencia de los jueces y magistrados. Criticar una sentencia o una actuación judicial es legítimo, siempre y cuando se haga a través de los cauces legales establecidos: recursos, apelaciones, o debates jurídicos fundamentados. Pero generalizar, insinuar que una parte del cuerpo judicial actúa por intereses partidistas, es un ataque directo a la esencia misma del Estado de Derecho.

En España, el marco legal que garantiza la independencia judicial es robusto. La Constitución Española, en su artículo 117, establece que los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. De igual manera, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como órgano de gobierno de los jueces, tiene la misión de velar por esa independencia, garantizando la selección, formación y promoción de los jueces en base a méritos y capacidades, y no a criterios políticos.

Cuando un presidente del gobierno, máxima figura del Ejecutivo lanza al aire la idea de que existen “jueces politizados”, está enviando un mensaje peligroso a la ciudadanía. Inconscientemente o no, está invitando a la sospecha sobre la legitimidad de las decisiones judiciales que puedan afectar a su propio partido, a sus políticas o a su entorno familiar en estos momentos investigado por diferentes causas judiciales. Esto es especialmente grave en un contexto en el que la Justicia está llamada a dirimir cuestiones de gran calado político y social, desde la corrupción hasta la aplicación de leyes controvertidas.

La crítica de Sánchez no se limita a una observación general; parece apuntar a una percepción de que hay jueces que, en sus resoluciones, estarían actuando con una agenda política oculta, en contraposición a la voluntad popular o a los intereses del gobierno.

Pero ¿quién define qué es “hacer política” desde la judicatura? ¿Es acaso “hacer política” aplicar la ley cuando esta choca con los intereses de un partido? ¿Es “hacer política” investigar casos de corrupción, sin importar a quién salpique? Si la respuesta es sí, entonces estaríamos ante una concepción perversa de la democracia, donde la Justicia debe ser una mera ejecutora de la voluntad del poder político de turno, renunciando a su función de control y equilibrio.

La independencia judicial implica que los jueces deben tomar sus decisiones basándose exclusivamente en la ley y en las pruebas presentadas, libres de presiones externas, ya sean políticas, económicas o sociales. Esto no significa que los jueces sean infalibles o que sus decisiones no puedan ser criticadas.

Las declaraciones del presidente del gobierno, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, lo debilitan. Generan desconfianza en la ciudadanía, alimentan la crispación y abren la puerta a la instrumentalización política de la Justicia. En una democracia madura, el respeto mutuo entre los poderes del Estado es un signo de fortaleza. Cuando uno de los poderes intenta deslegitimar a otro, especialmente al Judicial, el sistema democrático en su conjunto se resiente.

Es fundamental recordar que los jueces y magistrados españoles ejercen su labor con rigor, profesionalidad y un profundo sentido de la responsabilidad. Son ellos quienes, día a día, garantizan que la ley se aplique a todos por igual, sin distinciones ni privilegios.

Por ello, en lugar de sembrar dudas sobre la integridad de los jueces, sería más constructivo que el gobierno trabajara para fortalecer las instituciones judiciales, para garantizar su correcto funcionamiento y para promover un clima de respeto y colaboración entre los poderes. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de todos los ciudadanos. Y es un derecho que debemos defender, incluso, y quizás especialmente, cuando las palabras de quienes ostentan el poder amenazan con socavarlo. La política debe estar al servicio de la Justicia, y no al revés.