EL DEBATE–
Por ELISA NÚÑEZ SÁNCHEZ, exconsellera de Justicia e Interior, Doctora en Derecho y experta en inmigración.
Europa observa con inquietud y el país se divide de nuevo. En la encrucijada entre la ideología y la gestión responsable, Sánchez eligió la primera sacrificando lo que más falta hace a España en este momento: credibilidad, tanto dentro como fuera de sus fronteras
El Gobierno de Pedro Sánchez decidió abrir un nuevo frente político y europeo en un momento de profunda debilidad interna: la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes sin papeles. La medida, pactada a última hora con Podemos y aprobada por real decreto en el Consejo de Ministros, ha desatado un auténtico terremoto institucional y amenaza con tensionar severamente las relaciones de España con la Unión Europea. Lejos de representar una política migratoria seria y meditada, el decreto huele a maniobra de distracción calculada.
Mientras el país seguía conmocionado por las 46 víctimas mortales del trágico accidente ferroviario de Adamuz –una tragedia que ha puesto en entredicho la credibilidad del actual Gobierno en materia de seguridad e infraestructura–Pedro Sánchez optó por un gesto unilateral de inmenso calado, adoptado a espaldas del Parlamento y sin consenso alguno con los socios comunitarios. Esa precipitación, unida al secretismo con el que se tramitó el acuerdo, ha reforzado la impresión de un gobierno dispuesto a legislar por decreto cuando le conviene políticamente, incluso en asuntos de trascendencia nacional y europea.
La oposición del Partido Popular no es una reacción aislada o meramente partidista. El decreto choca de lleno con el espíritu y la letra del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor en junio de 2026 y que busca precisamente evitar regularizaciones masivas sin coordinación comunitaria. Bruselas apuesta por el llamado ‘modelo Meloni’, centrado en deportaciones ágiles y controles fronterizos reforzados, dentro de una estrategia común para gestionar los flujos migratorios.
España, única nación en votar en contra de ese plan, ha vuelto a desmarcarse del consenso europeo y se arriesga a quedar señalada como el «coladero» del sur de Europa, minando la confianza de sus socios y debilitando su posición en negociaciones futuras. Los populares subrayan, con razón, que esta medida pondrá en riesgo la estabilidad del propio acuerdo europeo, ya que muchos inmigrantes podrían utilizar España como trampolín hacia otros países comunitarios, desbordando así las fronteras interiores del espacio Schengen y generando tensiones bilaterales difíciles de gestionar. En otras palabras, lo que el gobierno califica como «regularización humanitaria» podría convertirse, a ojos de Europa, en una irresponsable invitación al efecto llamada, desequilibrando el reparto de responsabilidades y desafiando el principio de solidaridad que pretende preservar la Unión.
El trasfondo político del decreto es evidente y preocupante. Sánchez cedió ante las exigencias de Podemos para garantizar su apoyo parlamentario y sostener la frágil mayoría que mantiene a su Ejecutivo en pie. Lo hizo además resucitando una Iniciativa Legislativa Popular que su propio grupo había bloqueado en el Congreso durante meses, prorrogando plazos y evitando el debate que ahora elude por completo al recurrir a un decreto de urgencia.
Esta maniobra no solo margina al Parlamento –institución clave en una democracia representativa–, sino que inaugura una peligrosa vía para gobernar de espaldas al control democrático, sustituyendo el diálogo y la deliberación por la imposición desde La Moncloa. El Consejo de Ministros ni siquiera precisó criterios claros sobre quiénes serán los beneficiarios de la medida ni qué garantías existen para evitar la regularización de personas con antecedentes o causas judiciales pendientes, cuestión que el PP condicionaba en sus enmiendas. La opacidad, una vez más, sustituye a la transparencia que debería presidir una decisión de esta magnitud.
Vox ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo y ha elevado el tono calificando el decreto de «invasión» que amenaza con colapsar los servicios públicos y alterar la cohesión social. Aunque el lenguaje de los de Abascal no ayuda al debate sereno, subyace una preocupación compartida por amplios sectores de la sociedad: ¿cómo afrontará España la integración efectiva de medio millón de nuevos ciudadanos cuando ni siquiera ha resuelto la crisis de vivienda, la saturación sanitaria, el paro juvenil o la precariedad laboral que afecta a millones de españoles? La regularización, por legítima que pudiera ser en términos humanitarios, exigía una planificación a largo plazo, recursos suficientes y un amplio acuerdo social, elementos todos ellos ausentes en este decreto lanzado en caliente.
Europa observa con inquietud y el país se divide de nuevo. En la encrucijada entre la ideología y la gestión responsable, Sánchez eligió la primera, sacrificando lo que más falta hace a España en este momento: credibilidad, tanto dentro como fuera de sus fronteras. En lugar de abordar con rigor las causas del desprestigio institucional —empezando por la tragedia de Adamuz—, el Gobierno prefirió encender un polvorín migratorio que distraiga la atención y cohesione a su base más izquierdista. El coste, sin embargo, será elevado: más desconfianza en las instituciones, más fractura social y más aislamiento en Europa. Una jugada cortoplacista que hipoteca el futuro de España en la UE y desatiende las verdaderas urgencias de los ciudadanos.
