La carga del cargo

En Adamuz (Córdoba), el silbato del tren se apagó por siempre para 45 personas, con decenas más de ellas heridas. En Cataluña, una vida se perdió y varias quedaron fracturadas. Estos no son «incidentes» o «averías». Son fracasos monumentales. Y claman una verdad que no debemos trivializar: las administraciones públicas (estatales, autonómicas y locales) y los políticos debemos trabajar para proporcionar tranquilidad y seguridad a todos los ciudadanos en la utilización de todos los servicios y garantías públicas.

 

Con el cargo va la carga, y no hay mayor satisfacción y responsabilidad que ser útiles a la convivencia en paz, seguridad y tranquilidad. Sin embargo, cuando este principio se corroe, lo que se desmorona no es una estadística, es la confianza, y a veces, como estos días pasados, la vida misma.

Ante una catástrofe de la dimensión de Adamuz, la pregunta por la dimisión del ministro de Transportes trasciende el debate político para entrar en el terreno de la decencia democrática elemental. El ministro Puente, con toda probabilidad, no tendrá dolo directo, pero la responsabilidad política es ineludible. Gestiona un sistema que acumula más que evidencias de un deterioro crítico y prolongado en el tiempo. En cualquier país con normalidad institucional, la magnitud de la tragedia habría hecho insostenible el cargo. Permanecer en él no es demostrar fortaleza; es ignorar el peso simbólico y real del mando.

 

¿Cómo hemos llegado a esta situación? La respuesta no se encuentra solo en la coyuntura, sino en una gestión que parece haber priorizado la apariencia sobre la sustancia.

 

Nos encontramos en este punto negro por falta de mantenimiento, previsión y priorización presupuestaria. La política tiene entre sus funciones delimitar cual es el destino del gasto y de las inversiones y, en el caso del sector ferroviario, la inversión debería centrarse siempre en la seguridad de la circulación de la que es responsable último el Administrador de las Infraestructuras Ferroviarias.

 

Modernizar las grandes estaciones de viajeros es necesario, pero más urgente es poner en primer lugar la vida de las personas, la normalidad y calidad del sistema ferroviario. La inversión en ferrocarriles, después de la liberalización en 2020, el aumento de las frecuencias y las exigencias permanentes de actualizar y modernizar los sistemas de control, comunicación y seguridad (físicos y tecnológicos) no puede ser proporcional, debe ser exponencial para que no quede ni un solo tornillo por revisar, incluida la red de cercanías.

 

Se debe atacar de raíz la realidad de las instalaciones más envejecidas -las primeras infraestructuras de Alta Velocidad se construyeron allá por 1992 para la Expo de Sevilla-, un sustancial aumento del parque de trenes con necesidades críticas y una frecuencia de mantenimiento, auditorías y atención sobre todas las plataformas que soportan la alta velocidad que hoy se revela insuficiente, al igual que insuficiente se constata el mantenimiento y seguimiento de toda la red de cercanías en toda España. Y, junto a esto, nadie puede olvidar la necesaria actualización de todos los protocolos de actuación que es algo que debe estar sobre la mesa de cualquier responsable político en la materia.

 

Y aquí, la Unión Europea no será un mero espectador. Exigirá auditorías transparentes en las obras, adjudicaciones, contratas y subcontratas que relacionen cada euro comunitario con una arandela, una vía o un sistema de seguridad. Querrán saber si los fondos europeos se han destinado a la modernización y permanente puesta a punto de la red de ferrocarriles españoles.

 

¿Y qué hay de nuestros impuestos? Los ciudadanos los pagamos para tener un servicio público seguro, digno y eficaz. Para garantizar que un tren no se convierta en una trampa mortal. Sin embargo, hoy el contrato social se ha roto. Y la fractura solo puede recomponerse con responsabilidad política, inversión y transparencia en la gestión o acabará reduciendo a la nada lo único que debería ser intocable: la seguridad de toda la ciudadanía.

 

Adamuz no puede quedar en un luto pasivo. Debe ser el punto de inflexión. Exigir dimisiones no es venganza, es justicia política. Reclamar inversión exponencial no es un capricho, es una necesidad vital. Y exigir transparencia total no es desconfianza, es el mínimo requisito para reconstruir un servicio público cuyo primer y último mandato es, sencillamente, garantizar a la ciudadanía su uso y disfrute seguro.

 

Y quien no valga para eso, que se vaya a su casa. La carga del cargo, hoy, tiene nombres y apellidos.