El caballo de Troya de la memoria democrática

Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez presentó la Ley de Memoria Democrática, nos vendieron un relato de reparación histórica, de justicia para los descendientes de los exiliados. Pero lo que estamos viendo en los últimos meses no es memoria: es la mayor operación de ingeniería electoral que ha conocido este país en democracia. Y el censo de españoles residentes en el exterior (CERA) se ha convertido en su principal ariete.

Los números no engañan. A 1 de mayo de 2026, el CERA alcanza los 2.708.083 inscritos, pero esto no es más que la punta del iceberg. El propio Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior ha advertido que, cuando finalice la tramitación de todos los expedientes, los españoles en el exterior superarán los cinco millones. Cinco millones de potenciales votantes que, en muchos casos, no han pisado España en su vida.

El ritmo al que se está concediendo la nacionalidad es vertiginoso. Solo en el primer trimestre de 2026, el Gobierno ha nacionalizado a 33.638 personas al amparo de esta ley. Más de diez mil al mes. El ministro Albares presume de haber recibido 1,2 millones de expedientes y aprobado ya 545.000. La mayoría proceden de Argentina, Cuba o México, países donde los consulados están desbordados por una demanda que el Gobierno no solo no frena, sino que alimenta. Pero no nos dejemos engañar por el ropaje de la reparación histórica. Esto no es memoria: es una fábrica de votos.

Ya hemos visto lo que puede hacer el voto CERA en circunstancias ajustadas. En las elecciones del 23 de julio de 2023, el voto exterior arrebató un escaño al PSOE en Madrid y complicó la investidura de Sánchez hasta el punto de obligarle a buscar el sí de Junts, condicionando toda la legislatura. Y eso ocurrió con solo 233.688 votos emitidos en el extranjero. Imaginemos lo que ocurrirá cuando el censo se duplique o triplique. El potencial de distorsión es monumental.

Lo más grave es que el gobierno de Pedro Sánchez parece estar orquestando esta expansión sin control alguno. En 2019, la participación del CERA fue del 6,85% con el famoso «voto rogado». En 2023, tras eliminarlo, subió al 10,04%. La ecuación es sencilla: cuantos más votantes se inscriban y más fácil sea votar, mayor será la influencia de este colectivo. Y Sánchez está haciendo exactamente eso: inscribiendo a miles cada mes.

¿Qué ocurrirá en las próximas elecciones generales? Permítanme dibujar algunos escenarios. En provincias clave como Madrid, que ya cuenta con 378.000 electores CERA, o en Girona y Tarragona, donde el voto exterior puede cambiar de color por un puñado de papeletas, la llegada de cientos de miles de nuevos votantes puede hacer el panorama irreconocible. El Partido Popular, que tradicionalmente ha dominado el voto exterior en algunas regiones, podría ver su ventaja diluida o amplificada de manera grotesca. Pero la gran incógnita es el voto ideológico de estos nuevos ciudadanos, muchos de ellos provenientes de países como Cuba o Venezuela, con una cultura política que la izquierda española, por cierto, se cuida muy mucho de criticar.

Si el censo CERA crece a este ritmo, en las próximas elecciones generales el número de diputados en juego por el voto exterior podría multiplicarse. 2,7 millones de electores decidiendo el destino de España. Personas que, en su inmensa mayoría, no pagan impuestos aquí, no viven aquí y, con toda probabilidad, jamás volverán.

Esta no es una ley de memoria; es una ley de oportunismo político. Utilizar la reparación histórica para engordar el censo electoral es una práctica antidemocrática que pervierte el sentido de la ciudadanía. La nacionalidad no debería ser un commodity que se reparte para asegurar una mayoría parlamentaria. Es un derecho y una responsabilidad que debe ir ligada a un vínculo real con el país.

El Gobierno de Pedro Sánchez está jugando con fuego. El CERA ya es un actor político de primer nivel y él, como principal beneficiario de este crecimiento descontrolado, no parece dispuesto a poner freno. La pregunta no es si esto cambiará el resultado de unas elecciones, sino si el precio que pagaremos por esta manipulación será la credibilidad de nuestro sistema democrático.