Sánchez: una política migratoria al margen de Europa

La conclusión del proceso de regularización extraordinaria y sin condiciones, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, junto con la polémica en torno a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática —conocida coloquialmente como Ley de Nietos—, ha reavivado el debate sobre si estas medidas responden a una genuina voluntad de justicia social o se trata de una calculada estrategia para asegurar la continuidad en el poder de cara a los próximos comicios. Datos y reacciones, tanto a nivel nacional como europeo, invitan a una reflexión crítica sobre las presuntas intenciones del Ejecutivo.

Las cifras de la regularización masiva son contundentes. El proceso, finalizado el pasado 30 de junio, cerró con 1.174.978 solicitudes, superando ampliamente las previsiones iniciales. Esta cifra, supone un incremento considerable de la población extranjera con derecho a residencia; y aunque los recién regularizados no podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones, sí accederán de manera inmediata a prestaciones públicas. Este hecho adquiere especial relevancia en un contexto donde el Gobierno no aborda la necesaria reforma de la LOFCA, y comunidades autónomas, como la valenciana, sufren una infrafinanciación crónica que compromete la calidad de sus servicios esenciales.

En paralelo, la ampliación del plazo y las sucesivas instrucciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública para la Ley de Nietos han tenido un efecto similar. Aunque el plazo para nuevas solicitudes finalizó en octubre de 2025, la tramitación de los expedientes presentados se ha prolongado, manteniendo viva la controversia. La oposición ha acusado al Gobierno de usar esta ley «con fines electorales». Estas acusaciones se refuerzan porque desde 2023, el Gobierno habría nacionalizado 375.000 personas por esta vía pudiendo alcanzar los 500.000 en 2027; configurando un escenario donde la concesión masiva de nacionalidades se percibe como un mecanismo para ampliar el tejido social afín al partido en el poder.

La coincidencia con el calendario político es especialmente significativa. Las elecciones generales previstas para 2027 se perfilan como un momento crítico, y la ampliación del censo mediante la incorporación de cientos de miles de nuevos votantes podría decantar el equilibrio en circunscripciones clave. No es una hipótesis conspirativa, sino una realidad matemática: el voto de los nacionalizados puede ser determinante en comicios ajustados. La oposición ha denunciado que estas políticas persiguen una «ingeniería del censo» que distorsiona la voluntad popular.

Sin embargo, la estrategia del Gobierno choca con el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, en vigor desde el 12 de junio de 2026, que endurece el control de fronteras y facilita las expulsiones. La Comisión Europea ha advertido a España que su regularización masiva no fue notificada oficialmente, vulnerando el principio de cooperación leal. Ha subrayado que las decisiones de los Estados miembros, en un espacio sin fronteras, pueden tener consecuencias para otros países y que un permiso de residencia nacional no autoriza a desplazarse por el espacio Schengen. Esta deslealtad ha generado malestar, hasta el punto que el Tribunal Supremo ha abierto la puerta a paralizar el proceso al plantear consultar al Tribunal de Justicia de la UE sobre su incompatibilidad con el derecho comunitario.

La decisión de avanzar en solitario, sin coordinar con Bruselas, supone un desafío al marco comunitario y evidencia que los intereses domésticos priman sobre los compromisos europeos. El Pacto fue concebido para evitar decisiones unilaterales que afectaran al conjunto del espacio de libre circulación.

La reacción de otros Estados miembros no se ha hecho esperar. Italia ha frenado leyes de nacionalidad por ascendencia similares, limitando la transmisión automática a dos generaciones. Portugal endureció su procedimiento para descendientes de judíos sefardíes tras sospechas de fraude. Alemania, Francia y los Países Bajos han mostrado su preocupación por el efecto llamada. La actitud del Gobierno español, desafiando el marco común, no solo aísla a España, sino que obliga a otros países a tomar medidas defensivas.

La pregunta inevitable es si una política migratoria de estas características, tramitada al margen de la coordinación europea, responde al interés general o a un cálculo electoral de corto plazo. La acumulación de decisiones favorables a la ampliación del censo en período preelectoral resulta difícilmente atribuible a la casualidad.

Así, la conjunción de una regularización masiva sin precedentes, la aceleración de concesiones bajo la “Ley de Nietos” y el desafío a las normas comunitarias, todo ello en año preelectoral, dibuja un panorama que responde más al cortoplacismo electoral que a una política migratoria responsable. La sospecha de que estas medidas buscan asegurar la continuidad del actual inquilino de La Moncloa mediante la ampliación calculada del censo se fundamenta en datos fehacientes y en las reacciones de las instituciones europeas y de los Estados miembros. No es una mera especulación política, sino una hipótesis que los hechos y las fechas convierten en una realidad difícil de eludir.