El desahucio de Sánchez

La jornada del 2 de octubre de 2026 quedará grabada en la historia política de España como el día en que la legislatura de Pedro Sánchez recibió su golpe de gracia. El Congreso tumbó los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno. Los siete diputados de Junts per Catalunya consumaron la sentencia anunciada desde hacía meses. Aquel pacto de investidura firmado en Bruselas en 2023, que permitió a Sánchez mantenerse en el poder a cambio de la amnistía y del regreso de Puigdemont, ha terminado por consumir a su propio arquitecto.

La derrota no fue una sorpresa, sino la culminación de una agonía anunciada. Resuelto el regreso del expresident tras nueve años de huida, Junts ya no tenía incentivo alguno para sostener a un Gobierno que nunca le ha reportado beneficios en Cataluña, especialmente ante la competencia de Aliança Catalana. Ese viernes certificaron la muerte política de un gobierno que ya no tenía pulso.

El Gobierno intentó resistir hasta el último momento. Sánchez instó desde la tribuna a elegir entre la mayoría social o los especuladores, y la votación se convirtió en un juicio público: PSOE y Sumar pidieron que se celebrara por llamamiento, para que cada diputado pronunciara en voz alta su sí, su no o su abstención. Era una forma de dejar constancia de quién hacía caer las normas.

La oposición calificó la votación como la constatación de que el Gobierno estaba acabado, mientras Junts se limitó a constatar que su paciencia tenía un límite. Para muchos, este voto negativo ha sido la gota que ha colmado el vaso tras la presunta corrupción que asfixia a Sánchez y la inacción en Ceuta.

Ante este panorama, al Ejecutivo no le quedó otra opción que convocar los comicios. Finalmente, se confirmó la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La fecha elegida implica un anticipo de varios meses respecto al final natural de la legislatura, lo que otorga al PSOE un margen de maniobra que no tendría si agotara el calendario.

Mientras tanto, el Ejecutivo intenta salvar los muebles con un último movimiento desesperado. Los dos decretos de vivienda no convalidados han sido modificados y aprobados de nuevo por el Consejo de Ministros, y serán presentados a la Diputación Permanente del Congreso para su convalidación, donde si el PNV vota a favor al menos de uno de ellos, saldrá adelante a pesar de la inseguridad jurídica que puede generar. Es un parche que evidencia la debilidad parlamentaria del Gobierno y su dependencia de socios cada vez más reacios.

A ese desgaste parlamentario se suma otro frente que lo empeora. Los dos grandes sindicatos han registrado una convocatoria de paro general para antes de que arranque la campaña. La presentan como una reacción legítima ante el problema de la vivienda, pero el uso político que se le está dando la ha convertido en una herramienta contra un rival determinado. El Ejecutivo, en lugar de marcar distancia, ha echado leña al fuego. La número dos del PSOE llegó a calificar la convocatoria de insólita, señalando que lo normal sería que un paro se dirigiera contra el Gobierno y no contra la oposición. Esa frase, más que un lapsus, es la prueba de que la protesta ha dejado de entenderse como un derecho para pasar a ser un recurso de campaña. Sánchez se declaró respetuoso con la huelga, pero enseguida sacó a relucir las manifestaciones de estos años, algunas de ellas violentas, y censuró que la oposición no las condenara con firmeza. El subtexto es evidente: quien no respalda la movilización callejera queda retratado como ajeno al sistema. La calle, así, pierde su condición de espacio plural y se transforma en un medidor de legitimidad en manos del poder.

La cuestión de fondo no es si el problema de la vivienda existe —existe, y es serio—. La cuestión es si los métodos empleados respetan las reglas del juego. El Congreso rechazó los decretos; eso es la democracia funcionando. El Gobierno podía haber vuelto a la carga con los textos, haber negociado o haber llevado el asunto al terreno electoral. En vez de eso, ha optado por una argucia: rescatar los decretos para sacarlos adelante en la Diputación Permanente y, al mismo tiempo, azuzar la protesta en las calles para castigar a quienes votaron en contra. Eso es socavar la democracia.

Porque cuando el poder ejecutivo comprueba que le sale más rentable mover la calle que tejer mayorías en el Parlamento, la autoridad de las instituciones representativas se resquebraja. Y si la política acaba dirimiéndose en las aceras, lo que se gana no es más democracia, sino más choque. Quien aplauda hoy esta jugada debería preguntarse a quién señalarán mañana como enemigo del pueblo cuando cambien las mayorías.

Quien le dio la llave para acceder a la Moncloa le ha desahuciado políticamente. Junts no ha hecho más que consumar lo que era una crónica de una muerte anunciada. Sánchez podía haber resistido unas semanas, pero la aritmética parlamentaria era implacable. Sin mayoría, sin capacidad de aprobar leyes y con la corrupción cercándole, su única salida digna era disolver las Cortes y someterse al veredicto de las urnas. La historia, como él mismo advirtió en la tribuna, le juzgará antes de lo que cree y con más contundencia de la que imagina. El desahucio de La Moncloa ya tiene fecha: 29 de noviembre.