Sánchez descubre la calle (y le gusta)

La política española atraviesa un momento que merece una reflexión seria y sin adornos. UGT y CCOO han anunciado una huelga general que prevén celebrar antes del inicio de la campaña electoral, aunque la fecha exacta aún no está cerrada. Lo que sus convocantes presentan como una legítima protesta laboral por la crisis de la vivienda se ha transformado, en la práctica política, en una movilización dirigida contra un adversario concreto. Y lo más grave es que el Gobierno no solo no ha guardado la debida distancia institucional, sino que ha alimentado políticamente una protesta que sus propios dirigentes describen como dirigida contra la oposición.

Las declaraciones de María Jesús Montero, número dos del PSOE y jefa de la estrategia de campaña de Pedro Sánchez, son el retrato perfecto de esta deriva. La propia dirigente admitió que la convocatoria es «insólita» porque «normalmente las huelgas van contra el Gobierno, y esta va contra la oposición». Una frase que es mucho más que una anécdota: es la confesión de que el Ejecutivo ha dejado de concebir la protesta social como un derecho y ha empezado a verla como un arma electoral. En nuestra democracia, la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores, no un mecanismo del Gobierno para desgastar a sus rivales parlamentarios. Cuando el partido que gobierna define públicamente una huelga como dirigida contra la oposición, está instrumentalizando un derecho constitucional y contaminando el espacio de la sociedad civil con la lógica de la confrontación partidista.

Montero después matizó que no había dicho «apoyar la huelga”, sino que le parecía «lógico» que los sindicatos reaccionaran tras ser interpelados. Pero ese matiz no la exonera: al contrario, confirma el diagnóstico. El problema no es que el Gobierno respalde o no formalmente una huelga, sino que se sienta legitimado para opinar sobre su dirección política y para enmarcarla como un castigo al adversario. Un Ejecutivo que de verdad respetara la autonomía sindical se habría limitado a guardar silencio. Y no lo hizo.

Sánchez, por su parte, ha intentado nadar y guardar la ropa. Dice respetar el derecho a la huelga —faltaría más—, pero a continuación recordó que «este mandato ha estado lleno de manifestaciones, algunas de las cuales derivaron en violencia», y reprochó a la oposición no haberlas condenado con contundencia. El mensaje subliminal es claro: quien no apoya las movilizaciones callejeras queda automáticamente situado fuera del espacio democrático. Es la clásica maniobra populista: el Gobierno se arroga la representación exclusiva del «pueblo», mientras convierte a quien discrepa en un sospechoso de antidemocrático. Así, la calle deja de ser un espacio plural de expresión ciudadana y se transforma en un tribunal de legitimidad política controlado desde el poder.

Cuando un Ejecutivo normaliza el uso del aparato del Estado y de los sindicatos afines para condicionar el resultado electoral, está sentando un precedente peligroso que trasciende a los actores concretos. Cualquier futuro gobierno, sea del color que sea, encontrará en ese precedente una tentación difícil de resistir: si agitar la calle funciona mejor que negociar en el Parlamento, ¿por qué no hacerlo?

El problema de fondo no es si la crisis de la vivienda es real —lo es, y grave—. El problema es si los medios empleados respetan las reglas del juego democrático.

El Congreso rechazó los decretos de vivienda del Gobierno; eso es la democracia funcionando. El Ejecutivo podía volver a presentar los textos, negociar con los grupos o llevar su propuesta al debate electoral. Pero en su lugar, ha urdido una nueva treta: reeditar los decretos para aprobarlos en la Diputación Permanente en un intento de rentabilizar el voto de Sumar y Podemos, y en paralelo, sacar la protesta a la calle para castigar a quienes votaron en contra. Eso es erosionar la democracia.

No hay que olvidar que cuando el poder ejecutivo descubre que le resulta más rentable agitar la calle que construir mayorías parlamentarias, la autoridad de las instituciones representativas se desmorona. Y cuando la política se dirime en las calles, el resultado nunca es más democracia, sino más confrontación. La lógica del movimiento de masas no es la del pacto y la cesión, sino la de la victoria y la derrota. Quien hoy celebre esta estrategia haría bien en preguntarse quién será mañana el señalado como «enemigo del pueblo» cuando las tornas cambien.

La democracia española se enfrenta a una prueba de resistencia. Convertir la huelga, un derecho de los trabajadores, en un arma electoral del Gobierno no es un signo de fortaleza democrática, sino de lo contrario. Cuando un Ejecutivo deja de conformarse con defender sus posiciones en el Parlamento y trata de arrollar a la oposición instrumentalizando al «pueblo», está cruzando una línea roja. Y las líneas rojas, una vez cruzadas, rara vez se vuelven a trazar solas.