Lo que el debate sobre integración no debería olvidar

La entrevista publicada en Levante EMV, el 1 de marzo, en la que el catedrático y ex senador del PSOE Javier de Lucas abordaba la situación de la integración de los inmigrantes en la Comunitat Valenciana, ha reabierto un debate necesario. Es necesario replantear las políticas migratorias ante un contexto cambiante y rechazar los discursos que confunden integración con asimilación cultural forzosa. Sus reflexiones sobre la instrumentalización económica del migrante y su llamada de atención sobre el avance de los discursos xenófobos resultan oportunas en un tiempo donde la inmigración se ha convertido en arma arrojadiza en el debate político.

Sin embargo, pese a sus propuestas, omite un elemento esencial: en la Comunitat Valenciana ya existe un modelo de integración propio que recoge, desde hace casi dos décadas, los principios que ahora reivindica como una suerte de novedad. Y esa omisión no es baladí, porque construir el relato de que partimos de cero no solo es inexacto, sino que desprecia el trabajo legislativo y el esfuerzo colectivo de quienes nos tomamos en serio el reto migratorio mucho antes de que el debate adquiriera la centralidad que tiene hoy.

De Lucas plantea un nuevo enfoque basado en la «acomodación mutua», un concepto que contrapone a lo que considera políticas de integración meramente asimilacionistas. Frente a la exigencia de que el inmigrante se disuelva en la cultura receptora, propone un camino de doble dirección: una sociedad que se adapta y se transforma, y unos recién llegados que, sin renunciar a su identidad, asumen los valores democráticos y las normas de convivencia del lugar que les acoge.

Pero conviene recordar que, en 2008, las Cortes Valencianas aprobaron por amplia mayoría la Ley 15/2008 de integración de personas inmigrantes en la Comunidad Valenciana; hoy vigente. Una norma que no solo reconoce explícitamente los derechos de los inmigrantes, sino que establece un modelo de integración bidireccional, respetuoso con las identidades culturales y religiosas de origen, que promueve activamente el conocimiento de los valores democráticos, los derechos y deberes constitucionales, la cultura y las señas de identidad propias de la sociedad de acogida. Que lejos de cualquier tentación asimilacionista, traspuso las recomendaciones del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE: integración en la diversidad, interculturalidad y convivencia basada en el respeto mutuo. Y lo hacía con vocación transversal: implicaba a Consellerías, municipios y agentes sociales en el diseño y ejecución de las políticas públicas migratorias.

Una Ley que creó instrumentos pioneros en España, como el compromiso de integración, un programa voluntario a través del cual las personas inmigrantes podían acceder a formación en valores democráticos, en derechos y deberes, y en conocimiento de la cultura valenciana, pero siempre desde el respeto y la valoración positiva de su propia cultura de procedencia. Incorporado en 2009 a la conocida coloquialmente como Ley de Extranjería, acercaba la sociedad de acogida al inmigrante facilitándole su incorporación activa, sin imposiciones ni renuncias identitarias.

Por ello, si la integración sigue siendo una asignatura pendiente, no es por ausencia de marco legal, sino por falta de continuidad política y de voluntad para aplicarlo. Y aquí conviene señalar una paradoja que el catedrático omite en su análisis. Fue el Botànic, con mayoría en Les Corts, quien decidió no aplicarla durante sus años de gobierno, permaneciendo en un segundo plano hasta quedar prácticamente inerte.

Una decisión que no fue objeto de debate público ni de crítica por parte de quienes ahora reclaman políticas más ambiciosas en materia migratoria. Nadie preguntó por qué se aparcaba una herramienta legal perfectamente válida. Y lo que es más grave: ese silencio contribuyó a crear la falsa impresión de que no había nada sobre lo que construir, de que todo estaba por hacer.

Nada de esto invalida las reflexiones de De Lucas sobre el endurecimiento del discurso migratorio o los riesgos de una visión puramente economicista de la inmigración. Son cuestiones relevantes que merecen ser discutidas. Pero sí obliga a preguntarse por qué se ignora lo ya construido. La crítica al presente no debería implicar borrar el pasado, especialmente cuando ese pasado contiene herramientas legales que podrían seguir siendo útiles.

Si queremos avanzar en integración, tenemos que reconocer el camino recorrido, evitar los errores y aprender de los aciertos. Debemos preguntarnos por qué una ley pionera quedó en el olvido, qué papel jugaron los distintos gobiernos en ese abandono y cómo recuperar lo que de valioso contenía. Habrá que asumir que construir sobre lo ya edificado —incluso si proviene del adversario político— es más útil, riguroso y honesto que empezar siempre desde la página en blanco. Porque la integración no se construye desde la amnesia, sino desde la capacidad de reconocer lo que se hizo bien y, a partir de ahí, seguir avanzando.