Menores Migrantes: La excusa de Vox

Primer aniversario. El 11 de julio de 2004, Vox rompió unilateralmente los acuerdos de Gobierno suscritos con el PPCV. Alegó que los populares habían roto el acuerdo por no oponerse a la recepción de menores extranjeros no acompañados y no propiciar su expulsión del territorio nacional. Realizar esa afirmación era faltar a la verdad porque esto no estaba en el pacto suscrito entre ambas formaciones. En cambio, lo que si era cierto es que Vox había cambiado de Eurogrupo unas semanas antes dejando el de Reformistas y Conservadores, presidido por Georgia Meloni, pasando al de Patriots de Marie Le Pen y Viktor Orbán, hoy presidido por Santiago Abascal. Radicalizaron su discurso antiinmigración, yendo más allá de la Teoría de la Gran Sustitución, típica de la extrema derecha europea.

Efectivamente, pasaban de considerarla como una amenaza existencial a la civilización europea a exigir medidas más radicales como la denominada Reemigración, el eufemismo para hablar de deportaciones masivas, defendida por el partido neonazi Alternativa por Alemania (AfD) que ha expuesto la Sra. de Meer: la expulsión masiva de ocho millones de inmigrantes, especialmente los menores migrantes de origen marroquí, por su presunta conducta delictiva. Una posición que choca frontalmente con el ordenamiento jurídico y los datos oficiales del Ministerio de Interior. Hace un año Vox salió del Consell pasando a ejercer su veto en las Cortes Valencianas para condicionar su estabilidad.

A pesar de no constar en el art. 48 del citado acuerdo de Gobierno cualquier asunto relacionado con los menores extranjeros no acompañados, Vox hizo servir como excusa la distribución legal entre las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos de los menores acogidos en Las Canarias por cuotas decididas unilateralmente por el Gobierno. A ello se opusieron las Comunidades Autónomas afectadas por no mediar ni negociación de las cuotas ni su financiación. Pero a Vox le interesaba forzar la situación para justificar su salida y alienarse con sus nuevos socios europeos, Patriots. Y lo hizo a sabiendas que colisionaba con la actual legislación española.

Los menores tienen derecho a protección, educación y asistencia conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño que España está obligada a respetar. En palabras de dicha Convención, «los Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar que un niño que sea un refugiado o que necesite protección internacional reciba protección y asistencia humanitaria adecuada para su bienestar» (ONU, 1989, Artículo 22). Sin embargo, Vox ha utilizado estos casos para lanzar mensajes que los equiparan con amenazas para la seguridad ciudadana, una afirmación infundada que carece de respaldo estadístico y ético.

Los datos oficiales del Ministerio del Interior desmontan el mito recurrente en el discurso de Vox: la supuesta relación directa entre inmigración irregular, especialmente los menores acogidos, y el aumento de delitos violentos. Los informes muestran que «no se observa una correlación directa entre los índices de delincuencia y la presencia de personas inmigrantes irregulares; más bien, los factores socioeconómicos explican las variaciones en la criminalidad» (Ministerio del Interior, 2024, p. 18). Por tanto, estas afirmaciones no solo son incorrectas, sino que pueden resultar peligrosas porque alimentan prejuicios racistas y fomentan la estigmatización injusta.

La colisión legal por parte de la sección española de Patriots al ignorar lo dispuesto por la LO 4/2000, de 11 de septiembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social es evidente; la encontramos con su artículo 2.3 “la Administración General del Estado – que es la competente- cooperará con las CC.AA, ciudades autónomas de Ceuta y Melilla…y Ayuntamientos…para atender la integración de menores extranjeros no acompañados”, que establece que la competencia de asistencia social es exclusiva de las administraciones autonómicas y municipales. Solo cabe ahora, y cabía hace un año, la negociación entre estas administraciones para fijar el cupo y su financiación, pero no el bloqueo que sostenía Vox a resultas de su giro radical europeo.

Las propuestas políticas de Vox —como expulsiones inmediatas sin garantías judiciales o suspensión automática de derechos para los menores— contravienen normas internacionales y españolas que velan por el interés superior del menor y contemplan el reparto competencial entre administraciones concurrentes. Además, su irresponsabilidad política pone en riesgo la integridad física y psicológica de estos menores  generando un clima social hostil que dificulta su integración y crea un caldo de cultivo social de xenofobia.

Hace un año que Vox inició su deriva radical con la Reemigración, la expulsión masiva de Europa de inmigrantes, entre ellos los menores migrantes sabiendo perfectamente que las autonomías y ayuntamientos no los puede expulsar, y que el Estado está sujeto a los acuerdos internacionales de protección de menores. De ahí que su decisión del 11 de julio de 2024 le sirviera para justificarse ante sus nuevas amistades en Estrasburgo.