El mito de la Unidad Valenciana de Emergencias

Es época de bulos a los que hacer frente. Uno de los divulgados últimamente por las redes y ciertas redacciones interesadas que condicionan la opinión pública, es que la catástrofe que ha asolado la huerta de la Albufera anegada por las avenidas de los barrancos del Poyo, La Saleta y el río Magro, se podría haber evitado si no se hubiera disuelto por el Consell la Unidad Valenciana de Emergencias, la UVE. Todo un bulo, pues difícilmente puede disolverse algo que nunca existió. Y es que la UVE solo existió en el papel del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana a partir del 21 de febrero de 2023, el mismo mes en que Ximo Puig firmó el decreto de disolución de Cortes Valencianas y convocó elecciones para el 28 de mayo. Estampó su firma en el decreto, diez semanas antes de dar comienzo la campaña electoral. Esa es la verdad escondida.

A partir de ahí, materialmente la UVE no existió, pero el mito sí. Un trampantojo alimentado por el mismo Ximo Puig, la actual oposición al Consell en Cortes Valencianas y los partidos coaligados en el antiguo pacto del Botánic. Un mito propagado en estos días de tremendo dolor y rabia. Es por ello, que moralmente es necesario desmontar este mito para terminar con su propagación. En época de bulos, engañar o intoxicar a la opinión pública es el peor servicio que se le puede hacer al correcto funcionamiento de la Democracia. Especialmente cuando el mismo Ximo Puig, en su entrevista de ayer 11 de noviembre en Apunt, reconoció que la UVE no existía. Que era una cosa que pudo ser, un proyecto. Todo un dilema existencial que esconde una realidad, que la UVE nunca existió.

Recordará el expresidente Ximo Puig el pleno del Consell de Orihuela de 15 de febrero de 2023, celebrado en el Palacio del Marqués de Rafael. Se discutió y aprobó el texto de ese Decreto de creación, una idea aparecida tres años antes cuando la anunció en su comparecencia de septiembre de 2020. Una decisión del Consell a la que se opuso radicalmente el servicio público de extinción y salvamento, los SPEIS, la plataforma que reúne a las dotaciones de bomberos provinciales y en la que están presentes todos los sindicatos, desde CGT, CSIF, UGT, CC.OO., SPPLB, la Intersindical… Y lo hizo con un texto que hizo público el 20 de febrero “Manifestación ante ante el pleno del Consell de Orihuela”. En el mismo, la plataforma de bomberos sindicados acuñó la expresión “creación de este nuevo chiringuito”, declarando su oposición a ese Decreto porque significaba una invasión de funciones a los seis servicios de bomberos existentes en La Comunitat, funciones que se querían asignar a ese ente a crear y que ya eran realizados por los consorcios provinciales.

Asimismo, los firmantes del manifiesto del 20 de febrero de 2023 de los SPEIS expusieron que la emergencia suponía un reto muy importante de gestión y lo último que hacía falta era crear otro Servicio de Bomberos paralelo.  Además, que ese ente público a crear suponía un aumento de la descoordinación entre servicios debido a la duplicidad de funciones, sin ninguna necesidad técnica operativa; y sin obedecer a ningún criterio técnico, sino “solo a un capricho del Gobierno Autónomo de montar y vender humo con otro cuerpo de bomberos, donde poder y deshacer a su antojo mediante una empresa mercantil creada ad hoc, la SGISE”

Tocaban los SPEIS el punto débil del Decreto, que no era otro que todo ese proyecto “non nato” descansaba sobre una mercantil, la SGISE. Una empresa pública sujeta desde finales de 2023, a una auditoria forensic solicitada por el Consell dadas las irregularidades de gestión, operativas, contables y de contratación, detectadas y publicadas en los informes por la Intervención General del Consell y la Sindicatura de Cuentas, que nunca fueron subsanadas. Efectivamente, en el art. 10.1 del Decreto de 17 de febrero de 2023, se hacía referencia a los medios disponibles por la SGISE, como eran la plantilla de unidades de bomberos forestales, sus autobombas y sus unidades helitransportadas. Y más concretamente, en su artículo 13 establecía que  “para la consecución de los fines encomendados, la UVE contará con medios materiales e infraestructuras de la Sociedad Valenciana de Gestión de Servicios de Emergencias (SGISE) para la prestación del Servicio de Bomberos Forestales en el momento de la entrada en vigor del presente decreto, así como de aquellos que, siendo patrimoniales de la AVSRE, de otros departamentos de la Generalitat o de las administraciones locales, sean formalmente puestos a su disposición para su gestión y operatividad”.

Pero ¿cuál era la realidad de la SGISE en julio de 2023, con el cambio de gobierno, a la que hicieron en su momento referencia los SPEIS? Repito, sólo hay que leer los informes de la Intervención General de la Conselleria de Hacienda y las auditorías internas de la mercantil que motivaron el cese inmediato de sus directivos. Solo hacer referencia a lo dicho por la Sindicatura de Cuentas en su informe de 2023 respecto al mismo contexto de los informes de alerta de la Intervención, “que la gestión de la SGISE ha sido ineficaz e irresponsable”. Habrá que esperar a tener los resultados de la auditoria forensic solicitada hace poco más de un año.

Si Ximo Puig defiende aún que ese proyecto “non nato” debía apoyarse en los recursos de SGISE, es que no conocía la situación deplorable de la mercantil, o que, conociéndola, no la enmendó cuando podía hacerlo. Tuvo bastante tiempo. Pues descansar un proyecto desconociendo los avisos de su Intervención General y de la Sindicatura de Cuentas comunicados a las Cortes Valencianas era toda una temeridad. Pero sigue insistiendo en la creación del mito, que como tales objetos nunca suelen haber existido.

Un mito que ha devenido en un bulo agitado por la izquierda valenciana, que ha generado polémica en la gestión de la DANA. Se ha llegado a afirmar que la respuesta a la catástrofe habría sido más efectiva si el gobierno de Carlos Mazón no hubiera eliminado la UVE. Unos hechos falsos, asumidos por el propio expresidente Puig en su entrevista en Apunt. Ha reconocido, repito de nuevo, que no existía la UVE, sino que «era un proyecto que se encontraba presupuestado» y con el número de plazas diseñadas, pero “no estaba operativa”, callándose que descansaba sobre una mercantil, la SGISE, incapaz de darle soporte y con la oposición frontal de los SPEIS, los profesionales sindicados que acuñaron el nombre del proyecto como «un chiringuito».