LAS PROVINCIAS –
Por ELISA NÚÑEZ SÁNCHEZ, exconsellera de Justicia e Interior, Doctora en Derecho y experta en inmigración.
El 30 de julio de 2026, la frontera de Ceuta sufrió un asalto sin precedentes. Cerca de ochenta mil personas cruzaron de forma masiva e irregular, desbordando por completo las fuerzas de seguridad y sumiendo a la ciudad autónoma en una crisis que, un mes después, no tiene visos de resolverse. La magnitud de este hecho no fue un mero incidente migratorio, sino un ataque orquestado contra la integridad territorial de España.
Frente a este desafío, la reacción del Gobierno de Sánchez ha sido, cuanto menos, decepcionante y tardía. La inacción y la dejación de funciones han sido, la tónica dominante. A pesar de que la UE mostró su disposición de ayudar desde el primer momento, no fue hasta el 24 de agosto cuando el Ejecutivo le solicitó ayuda económica para hacer frente a la catástrofe. Pero la tibieza no terminó ahí; hubo que esperar hasta el 28 de agosto para que España pidiera formalmente el refuerzo de los efectivos de Frontex. Esta dilación es la prueba más fehaciente de que, para Sánchez, la defensa de Ceuta y su tejido productivo no era una prioridad.
Mientras el Consejo de Ministros se debatía en disputas internas, la imagen de un Ejecutivo descoordinado se hacía evidente. Margarita Robles afirmó que el CNI había advertido de la posibilidad de una llegada masiva, mientras que Marlaska negó la existencia de cualquier informe que anticipara la avalancha. Esta incomunicación ha dejado en evidencia la falta de un mando único y una estrategia clara, que ha llevado a los empresarios ceutíes a una situación desesperada.
La factura económica de esta crisis es demoledora. Las pérdidas directas superan los 33 millones de euros, una cifra que ha aumentado un 19% respecto a las primeras estimaciones. El comercio ha sufrido una caída de facturación superior al 53%, la hostelería ronda el 50% y el turismo, uno de los motores de la economía local, se ha desplomado un 90%. La caída de ingresos diarios en los negocios turísticos ha sido brutal, una situación que ha llevado a muchos autónomos a temer por la continuidad de sus empresas y a denunciar que las promesas de ayuda se desvanecen sin que nadie les presente documentación alguna para acceder a ellas.
Al batacazo económico se suma el deterioro de la imagen de la ciudad, valorado en más de 170 millones de euros, un golpe que puede retrasar las inversiones durante meses. La sensación de abandono es absoluta. Los empresarios ceutíes, que han visto cómo su esfuerzo de años se desmoronaba en cuestión de horas, no encuentran respuestas en un Gobierno que parece mirar hacia otro lado. Las calles vacías, los comercios cerrados y la incertidumbre sobre el futuro han generado un clima de desolación que clama por soluciones inmediatas.
En este contexto de crisis y abandono, el líder de la oposición si ha demostrado un compromiso firme y una presencia constante que contrasta radicalmente con la actitud del Gobierno. Mientras Sánchez permanecía en La Mareta, recomendando libros y música, y regresaba de Andorra de manera precipitada solo cuando se sintió descubierto, el líder de la oposición no ha cesado en su apoyo a Ceuta. Núñez Feijoo ha viajado a la ciudad autónoma en varias ocasiones, ha escuchado a los ceutíes y ha conocido de primera mano la realidad que se vive en sus calles. Su presencia ha sido un mensaje de apoyo y una exigencia de soluciones reales, no de gestos vacíos.
Santiago Abascal, también se desplazó a Ceuta para posicionarse ante la crisis, calificando la situación como una invasión y responsabilizando directamente al Gobierno de Sánchez. Sin embargo, su presencia, más que un acto de apoyo coordinado se percibe como un gesto político de confrontación, centrado en cargar las tintas contra el Ejecutivo, pero sin la constancia institucional ni la búsqueda de soluciones compartidas.
El contexto internacional no hace sino agravar la negligencia del Gobierno. Mientras Pedro Sánchez se demoraba, Rabat reafirmaba su reivindicación sobre la territorialidad de Ceuta y Melilla, calificando las ciudades autónomas como un derecho histórico y geográfico de Marruecos. Esta presión se ha visto acompañada de una maniobra económica que golpea directamente a los empresarios españoles: la desviación de los navíos que tradicionalmente atracaban en Ceuta hacia el puerto marroquí de Tánger Med, una medida que busca ahogar económicamente a la ciudad autónoma y que está siendo respondida con absoluta pasividad por el Ejecutivo. No se puede gobernar desde la distancia ni con disputas internas mientras el territorio nacional es asediado y el tejido empresarial se desangra. Núñez Feijoo ha estado a la altura, demostrando que la defensa de la soberanía nacional y el apoyo a los ciudadanos españoles no entienden de vacaciones, sino de compromiso y responsabilidad. Esa es la actitud que necesita España para afrontar los graves desafíos que tenemos por delante.
