Sánchez entrega Ceuta

La reciente Proposición No de Ley del Partido Popular, que plantea denegar el estatus de asilo a quienes hayan accedido a territorio nacional violentando la frontera, ha puesto sobre la mesa una cuestión incómoda pero necesaria: ¿vamos a permitir que la entrada ilegal y violenta a España sea recompensada con el estatus de refugiado? Esta iniciativa no nace de un afán excluyente, sino de la constatación de que la legislación vigente no puede interpretarse de manera que premie el uso de la fuerza para acceder al país.

La normativa española sobre asilo, en consonancia con los principios generales del ordenamiento jurídico, exige que la protección internacional se conceda a quienes huyen de la persecución, no a quienes la utilizan como atajo para vulnerar la soberanía nacional. Negar este principio no es una postura extrema, sino un ejercicio de coherencia jurídica y de defensa del interés general.

Este debate no es ajeno a lo que ocurre día a día en Ceuta, donde la frontera sur se ha convertido en un termómetro de la política migratoria y de las tensas relaciones bilaterales con Marruecos. La crisis vivida evidencia una realidad alarmante: la ausencia de estrategia clara por parte del Ejecutivo está cediendo el protagonismo a otros actores, principalmente al Reino de Marruecos, que dicta las condiciones del juego con un coste directo para los intereses económicos y la seguridad de los ciudadanos españoles.

Un ejemplo de esta cesión es la distorsión que está sufriendo la Operación Paso del Estrecho (OPE), un dispositivo clásico diseñado para el tránsito estival. La pregunta es si el Gobierno pretende convertir la actual tensión en Ceuta en una OPE permanente; ¿Quién sostiene económicamente esta desviación? Los contribuyentes españoles, a través de los Presupuestos Generales del Estado. La presencia continuada de blindados del Ejército en las calles, el despliegue masivo de agentes y la instalación de barreras marítimas no tienen visos de temporalidad, pero sí un coste millonario que se financia con fondos de Interior y Defensa, desviando recursos de otras partidas de seguridad y servicios públicos. El Gobierno ha normalizado un estado de excepción encubierto que los ciudadanos pagan sin un debate parlamentario claro sobre su financiación.

Esta situación está teniendo un efecto devastador en las navieras españolas. Las autoridades marroquíes se están aprovechando del clima de tensión para desviar el tráfico de pasajeros y mercancías hacia sus propios puertos. Mientras España destina recursos ingentes a contener una presión migratoria que se gestiona al otro lado de la valla, los puertos marroquíes se erigen como la alternativa segura y eficiente, atrayendo el negocio que tradicionalmente correspondía a nuestras compañías. Este trasvase no es un daño colateral, sino el resultado de una política exterior que cede en lo que negocia, beneficiando a la competencia en detrimento del tejido empresarial nacional.

El argumento de que el control fronterizo es responsabilidad compartida se desmorona al observar la realidad. El 15 de agosto, mientras Marruecos desplegaba un imponente operativo con miles de agentes para interceptar migrantes, la pasividad española era casi absoluta. Esa dependencia estratégica es un grave error que convierte a España en un mero espectador de su propia seguridad. La soberanía se ejerce, no se delega, menos aun cuando está en juego la integridad territorial y la percepción de fortaleza del Estado.

Pero el problema no se limita a la frontera terrestre. La debilidad mostrada por el Gobierno ha sido un caldo de cultivo para la proliferación de mafias que trafican con personas por cantidades que oscilan entre los 6.000 y los 10.000 euros. Mientras el país se debate entre la cogestión y la cesión de competencias, las organizaciones criminales han detectado una oportunidad y operan con total impunidad, lucrándose del descontrol fronterizo y de la falta de una respuesta disuasoria contundente.

En este contexto de inseguridad jurídica y cesión de soberanía, la PNL del PP cobra una relevancia mayúscula. No se trata de una medida electoralista, sino de un intento de ajustar la respuesta del Estado a una realidad que las leyes actuales no previeron con claridad. El derecho de asilo no puede ser un coladero para quienes utilizan la violencia como medio de acceso, porque ello pervierte el espíritu humanitario de la institución, fomenta la llegada de personas en condiciones de riesgo extremo y alimenta el negocio de las mafias.

En conclusión, no podemos seguir vendiendo una imagen de fortaleza cuando la realidad es de fragilidad. La crisis de Ceuta se resuelve con una política firme que combine el control efectivo de las fronteras, la defensa de los intereses nacionales y el apoyo a las empresas españolas frente a una competencia desleal. El Gobierno debe entender que la seguridad es el pilar de cualquier política migratoria y social. Negarlo o delegarlo no es una opción, sino una negligencia que todos los españoles estamos pagando.