VOZPÓPULI –
Por ELISA NÚÑEZ SÁNCHEZ, exconsellera de Justicia e Interior, Doctora en Derecho y experta en inmigración.
Lo que hemos vivido en Ceuta no es una crisis migratoria sobrevenida; es el resultado lógico, anunciado y evitable de una política migratoria inconsciente por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Llevamos años advirtiendo, desde el análisis riguroso, que este Ejecutivo ha convertido la frontera sur de Europa en un coladero por pura dejación de funciones, por complejos ideológicos y por una estrategia de Estado errática.
La entrada de decenas de miles de personas en apenas horas no fue un accidente ni una sorpresa; fue la consecuencia previsible de un Gobierno que ha mirado hacia otro lado mientras las mafias y los países vecinos leían con claridad sus debilidades. Y si alguien duda de que esto es así, que mire la reacción de nuestros socios europeos, que ya no ocultan su hartazgo ante la incapacidad española para proteger sus propias fronteras.
Además, el pasado mes de julio, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que fijó doctrina al interpretar la Disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. El alto tribunal determinó que el mar no puede considerarse un «elemento de contención fronterizo» a efectos de las devoluciones en caliente, lo que obligaba al Estado a reaccionar con urgencia para blindar jurídica y materialmente la frontera de Ceuta.
Esa sentencia, que obliga a todos los tribunales y a la propia Administración, debería haber sido el detonante para que el Gobierno impulsara una reforma legal inmediata o, al menos, para que dotara a la frontera marítima de los elementos que el propio Supremo sugería como alternativa.
Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez optó por la inacción, la espera y una pasividad que implica responsabilidades. Mientras el Gobierno permanecía impasible, se difundía a través de las redes sociales la sentencia como una carta blanca para el cruce masivo, sabiendo que mientras no hubiera barreras físicas en el mar, la devolución inmediata sería jurídicamente inviable. Esa pasividad, falta de previsión y ausencia de valentía para reformar una ley que ya había sido judicialmente desbordada, es la que ha provocado el caos que hemos visto en Ceuta.
Y si la negligencia interna es grave, la dimensión diplomática no lo es menos. Es imposible analizar lo sucedido sin hablar del contexto geopolítico que el Gobierno de Sánchez ha gestionado con una torpeza imperdonable.
La coincidencia temporal entre la reciente visita del Presidente a Argelia y la avalancha migratoria no puede ser casualidad. Es un recordatorio brutal de que Marruecos tiene una llave maestra sobre nuestras ciudades autónomas y no duda en usarla como elemento de presión. El giro de España en el Sáhara Occidental, el posterior acercamiento a Argelia para asegurar el suministro de gas y, como guinda del pastel, el voto positivo del PSOE para conceder la nacionalidad a los descendientes de saharauis nacidos bajo administración española, han creado un cóctel explosivo que ha acabado por desbordar la paciencia de Rabat.
Pretender que se puede abrazar a Argelia, votar a favor de los saharauis y al mismo tiempo esperar que Marruecos no reaccione en su principal punto débil es, cuanto menos, una ingenuidad imperdonable para un Presidente del Gobierno que debería conocer la geopolítica de su propio país.
El resultado de todo esto es el aislamiento total de España en el seno de la Unión Europea. Solo hay que escuchar las declaraciones de Von Der Leyen o la reacción de Italia que ha suspendido el espacio Schengen para España y ha calificado la decisión de otorgar «ciudadanía europea» a miles de personas como un incentivo al tráfico de seres humanos.
No es una exageración de la prensa; es la constatación de que la credibilidad de España como guardiana de la frontera sur de Europa está en la lona. Que Francia quintuplique sus controles en la frontera y que desde la Casa Blanca se atribuya la crisis a «políticas globalistas de extrema izquierda» demuestra el profundo aislamiento diplomático al que nos ha conducido esta gestión. Nuestros socios han perdido la confianza en España y ya no ocultan su intención de cerrarnos el paso por nuestra incapacidad e irresponsabilidad ante lo acontecido.
Es indignante escuchar al Gobierno hablar de «cooperación leal» con Marruecos mientras las imágenes muestran un desbordamiento total, con 57 fallecidos ya confirmados y una frontera que se ha convertido en una vergüenza internacional.
España no puede permitirse el lujo de ser percibida como un socio débil que improvisa, que no lee la jurisprudencia, que no anticipa las reacciones de sus vecinos y que especula con la vida de las personas y con la seguridad de su territorio. Necesitamos una política migratoria valiente: cooperación real con Marruecos, defensa sin complejos de Ceuta y Melilla, y una reforma urgente de la ley de Extranjería para hacer frente, conjuntamente con nuestros socios europeos, a futuras crisis como la vivida estos días.
Todo esto es el legado de quien ha gobernado sin hoja de ruta: fronteras abiertas, socios enfurecidos y una imagen de país que tardará décadas en recuperarse. La historia no juzgará a Sánchez por sus intenciones, sino por sus resultados. Y los resultados, desgraciadamente, ya los estamos viendo en Ceuta.

